Washington - El demócrata Darren Soto (Florida) presentó hoy un proyecto de ley que busca admitir a Puerto Rico como estado de Estados Unidos, sin ninguna nueva consulta, en un plazo de 90 días después de la medida ser convertida en ley.

 

Aunque es improbable que se convierta en ley en esta sesión del Congreso, tras la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Alaska) haber descartado echar hacia delante un proyecto pro estadidad, la legislación de Soto puede ayudar a abrir el debate dentro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.

 

Soto indicó que el presidente del Comité de Recursos Naturales, el también demócrata Raúl Grijalva (Arizona), le ha garantizado una audiencia en torno a su legislación.

Soto anunció su proyecto de ley en una conferencia de prensa frente al Capitolio junto al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, los demócratas Rubén Gallego (Arizona) y Jamie Raskin (Maryland), y el republicano Don Young (Alaska).

 

Gallego y Young, como Soto y González, son miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

 

Grijalva ha insistido en que el debate de status, ante las posiciones adoptadas en el Senado y por el presidente Donald Trump, no es su prioridad y teme que le quite el oxígeno a temas que considera urgentes, como la recuperación de Puerto Rico y la posibilidad de suavizar la ley Promesa.

Ha advertido que la baja participación en el plebiscito de 2017, que fue boicoteado por los partidos de oposición-, no permite echar hacia delante una propuesta de estadidad, aunque tras su reciente visita a la Isla dijo que tiene la percepción de que el apoyo a la estadidad es mayoritario en Puerto Rico.

 

La legislación de Soto alude a los resultados del plebiscito, en el que el 97% de los electores favoreció la estadidad. Pero, no menciona la histórica baja participación  de 23% en la consulta.

 

Rosselló dijo que con el proyecto de ley los miembros del Congreso tienen la oportunidad de respaldar la estadidad para la Isla “o callarse”. Para el gobernador, no se le debe permitir a nadie “la alternativa fácil” de apoyar un procesode libre determinación.

 

“Este es un asunto de derechos civiles”, indicó la comisionada González.

Para el congresista Soto, quien ahora se convierte en el líder del proceso en la Cámara baja y junto a Young fue observador del plebiscito de 2017, “este proyecto se trata de respetar la democracia …(y) la igualdad”.

 

En noviembre pasado, el ahora portavoz de la minoría republicana en el Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), recomendó al gobierno de Puerto Rico retomar las conversaciones en torno a una ley federal de 2014 que permitiría al Secretario de Justicia de EE.UU. validar la papeleta electoral y la campaña educativa de una nueva consulta.

Para Bishop, el no haber contado con la certificación de Justicia federal en el plebiscito de 2017 ha permitido a la oposición política de Puerto Rico impugnar sus resultados. Su sugerencia fue un nuevo plebiscito local, esta vez estadidad sí o no.

 

Aunque acogió entonces la recomendación de Bishop, que contó con el endoso de la comisionada González, el gobernador Rosselló Nevares también ha querido algún tipo de expresión del Congreso sobre el status.

 

No está claro si ha hecho alguna gestión con el Departamento de Justicia de EE.UU. para ordenar una nueva consulta en Puerto Rico.

 

Rosselló, contrario a la legislación, no asumió la posición de que no debe haber otra consulta de status en la Isla. “Utilizaré los mecanismos que se necesiten”, sostuvo Rosselló.

 

A principios de mes, como parte de un proyecto de reforma electoral, la Cámara de Representantes aprobó  crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios que deben adoptarse para garantizar la participación de los territorios, como Puerto Rico, en la elección del gobierno federal.

 

La legislación, que no se prevé avance en el Senado, es la misma que incluye una expresión de apoyo a la estadidad para Washington D.C..

 

La Cámara baja tiene previsto llevar a votación este año un proyecto a favor de la estadidad para Washington D.C. que tiene el respaldo de 202 coauspiciadores demócratas. Tampoco se prevé que esa legislación avance en el Senado.

 

En 2017, la comisionada González propuso otro proyecto de admisión que buscaba un proceso de transición de hasta ocho años, para hacer efectiva la estadidad en enero de 2025.

Otra legislación de 2018 de la comisionada González, en vez de impulsar la admisión de Puerto Rico como estado, proponía convertir la Isla en un territorio incorporado y crear un Grupo de Trabajo que estudiara los cambios de ley necesarios para ser otro estado más de EE.UU..

 

Aunque la legislación solo otorga tres meses para la transición, Rosselló dice que se puede atender adecuadamente el futuro de los acuerdos contributivos existentes y hasta la reestructuraciónde las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, las cuales no pudieran ser ajustadas por ley si la Isla es un estado.

 

El demócrata Raskin, quien ha sido profesor de Derecho Constitucional, afirmó que el poder del Congreso le permite anexar plenamente la Isla sin volver a consultar a los puertorriqueños y no expresó preocupación – como han hecho muchos líderes demócratas y republicanos- por la baja participación en la consulta. “Eso significa que su voto no contó”, afirmó.

 

La legislación pro estadidad se presenta justo cuando el gobierno de Puerto Rico está enfrascado en una nueva pugna pública con el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha expresado su intención de limitar o frenar la asistencia federal a la isla que está dirigida a mitigar la catástrofe causada por el huracán María.

 

Para Trump, Puerto Rico ha recibido demasiado dinero y ha mal utilizado el dinero. “Tiene asesores que lo deben estar malinformando”, dijo Rosselló Nevares.

Al hablar de Trump, la comisionada González expresó que aunque se ha opuesto a la estadidad, apoyó en 2016 el programa de gobierno del Partido Republicano que la respaldaba si la alternativa era ratificada en una nueva consulta de status. No se refirió, sin embargo, a las expresiones más recientes de Trump en favor de frenar ayuda de emergencia a la Isla.

 

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Rios, y el representante del PNP José Aponte estuvieron también en la conferencia de prensa.

 

Según Rios, el congresista Serrano y el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), se sumarán más adelante a la legislación del congresista Soto.